Qué son, en una frase
Son dos listas públicas y gratuitas del Departamento de Justicia de Estados Unidos, no directorios privados ni publicidad. Las mantiene la misma oficina que administra las cortes de inmigración, la EOIR (Executive Office for Immigration Review), y cualquiera las puede descargar sin registrarse y sin dar sus datos.
La primera es la Lista de Proveedores de Servicios Legales Pro Bono. La segunda es el padrón de Organizaciones Reconocidas y Representantes Acreditados. Casi todo el mundo busca la primera y termina necesitando la segunda.
Un aviso que la propia EOIR pone por escrito y conviene leer antes que nada: *«EOIR no respalda a ninguna de estas organizaciones, servicios de referencia o abogados»*, y no responde por su trabajo. Las listas dicen quién cumple los requisitos para estar ahí, no quién es bueno.
La diferencia que cambia todo: ¿tiene usted un caso en corte?
La lista pro bono está organizada por corte de inmigración, no por ciudad. Quien aparece ahí se comprometió a dar *«al menos 50 horas al año»* de servicios legales gratuitos ante esa corte en particular. Es la lista que le entregan a alguien que está en un proceso ante un juez de inmigración.
Por eso su cobertura es la del mapa de las cortes, no la del país: la edición de julio de 2026 tiene 147 páginas y cubre 29 estados y Puerto Rico, con unas 90 entradas de corte (incluidos los calendarios de menores). Si usted vive en un estado sin corte de inmigración, esa lista no tiene una sola línea para usted — y eso no significa que no haya ayuda cerca.
El padrón de Organizaciones Reconocidas sí cubre el país. Son organizaciones sin fines de lucro autorizadas por el Departamento de Justicia para representar personas en asuntos migratorios, aunque quien atienda no sea abogado. Al 20 de septiembre de 2026 el padrón registra 948 organizaciones reconocidas y 2.624 representantes acreditados, y viene ordenado por estado y ciudad.
En resumen: si tiene audiencia ante un juez, empiece por la lista pro bono de su corte. Si lo suyo es papelería ante USCIS —una petición familiar, una renovación, un permiso de trabajo—, empiece por el padrón de su estado.
Dónde hay más, contado en el propio padrón
Contamos las direcciones de oficina listadas en el padrón por estado y ciudad del 20 de septiembre de 2026 — son 1.564 en total, y una misma organización puede tener varias. Así se reparten en los estados donde vive más gente salvadoreña:
- **California: 342** oficinas listadas.
- **Nueva York: 171.**
- **Texas: 115.**
- **Florida: 80** · **Illinois: 80** · **Carolina del Norte: 63** · **Washington: 63** · **Massachusetts: 61.**
- **Nueva Jersey: 36** · **Maryland: 31** · **Virginia: 26** · **Georgia: 22** · **Distrito de Columbia: 17** · **Nevada: 11.**
- **West Virginia es el único estado sin ninguna organización reconocida** en el padrón. En los otros 49 y en el Distrito de Columbia hay al menos una.
«Acreditado» no siempre quiere decir gratis (y hay dos tipos)
Aquí está la letra chica que casi nadie traduce. El reglamento federal permite dos grados de acreditación, y no dan lo mismo: *«Una persona que recibe acreditación completa puede representar clientes ante las Cortes de Inmigración, la Junta y el DHS. Una persona que recibe acreditación parcial puede representar clientes solo ante el DHS»* (8 CFR 1292.12). Traducido: el acreditado parcial puede acompañarlo en USCIS, pero no puede pararse con usted frente a un juez de inmigración. Pregúntelo antes, no el día de la audiencia.
Y sobre el dinero: para ser reconocida, la organización debe ser sin fines de lucro y atender principalmente a personas de bajos ingresos, pero el propio reglamento contempla que cobre — exige que, *«si la organización cobra honorarios, tenga una política escrita para atender a los clientes que no pueden pagar»*. Reconocida no es sinónimo de gratis. Gratis, en el sentido estricto, es la lista pro bono: ahí el servicio se define como *«servicios legales no remunerados… sin ninguna expectativa de remuneración directa ni indirecta, incluidas comisiones por referencia»* (8 CFR 1003.61). Pregunte el costo en la primera llamada y pida la política de exención por escrito.
Otros dos relojes que conviene conocer: el reconocimiento de una organización vale seis años y la acreditación de una persona vale tres. Si el papel que le enseñan está vencido, la lista lo dice.
El error típico: el «notario»
Es el error más caro que comete la gente que viene de El Salvador, y USCIS lo explica en su propia página con todas las letras: *«Los “notarios” o “notario público” son abogados con credenciales legales especiales en algunos países extranjeros. En Estados Unidos, los notary public no son abogados y no pueden representarlo en asuntos legales, incluidos los casos de inmigración»*.
En El Salvador un notario es un abogado autorizado y hace fe pública. En Estados Unidos un *notary public* es alguien que certifica firmas por unos dólares y, en la mayoría de estados, ni siquiera necesita estudios de derecho. La palabra es la misma; el oficio, no. Quien no es abogado ni representante acreditado *«puede darle ayuda limitada para llenar formularios de USCIS, pero no puede representarlo ni darle asesoría legal»*, y solo puede cobrarle una cantidad nominal.
El segundo error, más silencioso: creer que ya tiene representante sin haberlo formalizado. Su abogado o representante acreditado tiene que presentar el Formulario G-28 (o el G-28I si es abogado extranjero) y usted tiene que firmarlo. Sin ese papel, USCIS no le manda a esa persona la correspondencia de su caso: usted pagó, pero para el expediente esa persona no existe.
Cómo comprobar en tres minutos a quién le está confiando su caso
- **Si le dicen que son organización reconocida o representante acreditado:** búsquelos por nombre en los padrones del programa de Reconocimiento y Acreditación del Departamento de Justicia. Están en PDF, ordenados por estado y ciudad, con la fecha de vencimiento de cada acreditación.
- **Si le dicen que son abogados:** pida ver la licencia vigente y confírmela con el colegio de abogados del estado donde dicen estar autorizados. USCIS recomienda exactamente eso y enlaza la lista de las agencias estatales que regulan a los abogados.
- **Compruebe que no estén sancionados.** La EOIR publica la lista de abogados y representantes *actualmente inhabilitados* para ejercer derecho migratorio. Es una búsqueda de un minuto que puede ahorrarle el caso entero.
- **Exija el G-28 firmado** y guarde una copia, junto con el recibo de todo lo que pague y copia de cada formulario que se presente a su nombre.
- **Si alguien ya lo estafó o actuó mal:** la queja se presenta ante el colegio de abogados del estado y, cuando el asunto está ante el Departamento de Seguridad Nacional, ante el Disciplinary Counsel de USCIS con el Formulario EOIR-44.
Y cuando llegue: el papel salvadoreño que le van a pedir
Aquí termina la ayuda gratuita y empieza lo suyo. Ninguna de esas organizaciones le va a conseguir su partida de nacimiento en El Salvador: eso lo trae usted. Y el dato que le ahorra tiempo y dinero es este.
USCIS no pide apostilla. Pide traducción. El reglamento federal dice, textual: *«Cualquier documento en idioma extranjero presentado a USCIS deberá ir acompañado de una traducción completa al inglés que el traductor haya certificado como completa y exacta, y de la certificación del traductor de que es competente para traducir del idioma extranjero al inglés»* (8 CFR 103.2(b)(3)). Ni una palabra de apostilla. Mucha gente paga la cadena completa de auténticas y apostillas para un trámite federal que nunca se la pidió. Pregunte a quien recibe su documento antes de pagarla.
Lo segundo que se cae por sí solo: los nombres. Si su partida dice un nombre y sus antecedentes dicen otro —una tilde, un apellido de más, una fecha distinta—, el expediente vuelve. Eso no lo revisa nadie por usted, y la organización que le está ayudando gratis no tiene cómo comprobarlo contra registros salvadoreños.
Cuánto cuesta de verdad
Las dos listas del Departamento de Justicia: $0. Se descargan sin registro. La atención de una organización de la lista pro bono es, por definición del reglamento, gratuita; la de una organización reconocida puede tener un cobro, y por eso hay que preguntarlo de entrada.
Los papeles salvadoreños tienen su tasa y la paga el Estado de El Salvador, no ellos: la certificación de partida en el exterior son $35.00 y los antecedentes penales $3.00, según las fichas oficiales.
Nuestro honorario es aparte y es por el papel, no por su caso migratorio. No damos asesoría de inmigración ni llenamos formularios de USCIS: eso le toca al abogado o al representante acreditado. Nosotros conseguimos, revisamos y traducimos los documentos salvadoreños que esa persona le va a pedir.
Las dos rutas honestas
Hágalo usted mismo. Descargue las dos listas, ubique su estado, llame a dos o tres organizaciones y pregunte tres cosas: si atienden su tipo de caso, si cobran y cuánto, y si quien lo atendería es abogado o representante acreditado —y si la acreditación es completa o parcial—. No pague nada por esa información: es pública y gratis.
Que le ayudemos nosotros tiene sentido en un punto concreto y solo en ese: cuando ya tiene con quién llevar el caso y esa persona le entrega la lista de documentos de El Salvador. Ahí traemos la partida, los antecedentes, la traducción certificada al inglés y la revisión de que todos los nombres y fechas digan lo mismo. Es la parte que desde Estados Unidos no se puede hacer bien por teléfono y que consume horas caras de abogado si se hace mal.
Y si el asunto de fondo no es un papel sino un pleito en El Salvador —una herencia, un terreno, una rectificación ante juez—, eso necesita un abogado salvadoreño, no una organización de inmigración en Estados Unidos ni nosotros. Le armamos el expediente para que ese abogado empiece con todo en la mano.
Un caso real
El ejemplo se puede comprobar en los dos documentos ahora mismo, sin contar la historia de nadie. Maryland aparece en la lista pro bono con dos ciudades nada más —Baltimore y Hyattsville—, porque ahí es donde hay cortes de inmigración. Alguien que vive en Maryland, no tiene caso en corte y busca ayuda en esa lista concluye que solo existe en esas dos ciudades. En el padrón de organizaciones reconocidas, Maryland tiene 31 oficinas listadas, repartidas por todo el estado. Misma persona, mismo día, dos respuestas opuestas: la diferencia no es la suerte, es haber abierto la lista correcta.
Preguntas frecuentes
- ¿Dónde encuentro ayuda legal gratuita de inmigración siendo salvadoreño en Estados Unidos?
- En dos listas gratuitas del Departamento de Justicia de EE.UU. Si tiene un caso ante un juez de inmigración, en la Lista de Proveedores de Servicios Legales Pro Bono, organizada por corte y que cubre 29 estados y Puerto Rico. Si su asunto es papelería ante USCIS, en el padrón de Organizaciones Reconocidas y Representantes Acreditados, que al 20 de septiembre de 2026 tiene 948 organizaciones y 2.624 representantes en 49 estados y el Distrito de Columbia.
- ¿Un notario en Estados Unidos puede llevar mi caso de inmigración?
- No. USCIS lo dice expresamente: en Estados Unidos los notary public no son abogados y no pueden representarlo en asuntos legales, incluidos los de inmigración. Es una trampa clásica para quien viene de El Salvador, donde un notario sí es abogado. Solo pueden representarlo un abogado con licencia vigente, un representante acreditado por el Departamento de Justicia que trabaje en una organización reconocida, o un estudiante o egresado de derecho supervisado por uno de ellos.
- ¿Necesito apostillar mi partida de nacimiento para un trámite de USCIS?
- El reglamento federal no la pide. Lo que exige el 8 CFR 103.2(b)(3) es que todo documento en idioma extranjero vaya con una traducción completa al inglés, certificada por el traductor como completa y exacta, más la certificación de que es competente para traducir. Antes de pagar una apostilla, pregunte a la institución que va a recibir el documento si de verdad se la está pidiendo.
- ¿Qué es un representante acreditado y en qué se diferencia de un abogado?
- Es una persona que no es abogada pero que el Departamento de Justicia autorizó para representar en asuntos migratorios, siempre a través de una organización sin fines de lucro reconocida. Hay dos grados: la acreditación completa permite actuar ante las cortes de inmigración, la Junta de Apelaciones y el DHS; la parcial, solo ante el DHS. La acreditación vale tres años y el reconocimiento de la organización, seis. Pregunte cuál tiene la persona que lo atiende.